Porqué las instituciones de desarrollo deberían reconocer el día del derecho a saber
Un caso para la Corporación Interamericana de Inversiones
por Alexandre Andrade Sampaio e Ishita Petkar
El 28 de septiembre se celebra el Día del Derecho a Saber, un día en que la comunidad internacional se reúne para celebrar y hacer hincapié en la importancia del acceso a la información para todas las personas.
Esta celebración es aún más importante en un momento en que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades enfrentan mayores dificultades para acceder a la información y participar en los procesos de desarrollo en todo el mundo, con sus derechos fundamentales ignorados por los gobiernos y las corporaciones.
En el contexto del desarrollo, el “derecho a saber” es fundamental para asegurar que los proyectos se mantengan fieles a la promesa de lo que debería ser el desarrollo: mejorar la vida de todas las personas.
El desarrollo verdaderamente sostenible debe ser diseñado y vivido por las mismas personas; y el intercambio de información completa, accesible y oportuna entre todos los actores es un requisito previo y necesario. Esa es la razón por la cual este derecho ha sido llamado “el oxígeno de la democracia”.
Para que se realice un verdadero desarrollo es necesario involucrar de manera significativa los impactados en un diálogo continuo e iterativo, así como en el intercambio de información a lo largo del ciclo de inversión, empezando por las prioridades comunitarias y en un espíritu de asociación. Solo entonces los proyectos y las políticas pueden obtener beneficios reales para las comunidades locales, de acuerdo con sus propios planes y prioridades. Cuando las instituciones financieras de desarrollo, los gobiernos y las empresas involucran a las comunidades y a la sociedad civil a lo largo del ciclo del proyecto como socios, encuentran oportunidades que pueden tener resultados de desarrollo positivos y evitan actividades arriesgadas que puedan tener impactos adversos. Por el contrario, diseñar e implementar proyectos sin la participación significativa de las comunidades y la sociedad civil puede devaluar y marginar el conocimiento local, las prioridades y los planes de desarrollo. Tal proceso no puede considerarse una búsqueda de un desarrollo real.
A pesar de ello, la política y la práctica de algunas de las más destacadas instituciones financieras para el desarrollo no reflejan la importancia del derecho del acceso a la información. Un análisis reciente realizado por International Accountability Project (IAP) muestra que la práctica de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la extensión privada de préstamo del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cae considerablemente por debajo de los mejores estándares y prácticas.
Por ejemplo, en ausencia de acceso a la información y a la participación adecuada, las comunidades afectadas por la construcción de la represa de Hidroituango financiada por la CII en Colombia han sufrido consecuencias drásticas durante años, incluyendo el desplazamiento forzoso y la pérdida de sus medios de vida ante los efectos de la construcción de una represa.
“En Colombia, la decisión de construir la presa más grande del país en Ituango fue impuesta a las comunidades locales”, dice Isabel Zuleta, de Ríos Vivos Antioquia, un movimiento que trabaja con los afectados negativamente por el proyecto de la represa Hidroituango.
Como explica Isabel: “La CII está proporcionando $ 450 millones de financiamiento para la presa y engañó a las comunidades al no brindar formas de participar plenamente en el proceso de toma de decisiones y acceder a información sobre impactos adversos. Además, el gobierno ha criminalizado la oposición a la represa”.
Desafortunadamente, tales impactos en las comunidades afectadas por los llamados proyectos de desarrollo están lejos de ser una excepción y mientras prácticamente todos los proyectos sean impuestos por aquellos con poder para tomar decisiones sobre esas comunidades, es difícil ver cómo esto cambiará en el futuro.
Las comunidades deben ser consideradas y tratadas como socios, no como sujetos, en el proceso de desarrollo: como las partes interesadas que establecen las prioridades de desarrollo en sus regiones y que tienen un papel en el diseño de los proyectos que afectarán en última instancia sus vidas. Respetar el derecho de acceso a la información es fundamental para garantizar una participación significativa y efectiva; como derecho universal que emana del derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reproducido en tratados internacionales y regionales.
Al analizar la práctica actual de la CII, IAP señaló que solo el 10% de los proyectos de la categoría B — los que los bancos de financiación para el desarrollo clasifican como el segundo mayor impacto social y ambiental — tenían estudios sociales y ambientales a disposición de las personas afectadas. Además, no había información pública que notificara a las comunidades acerca de cuándo y cómo se consultaría, cómo presentar quejas a nivel local ni que tendrían la oportunidad de hacer reclamaciones por daños a través de un mecanismo independiente de quejas del banco. Incluso, aunque la información fuera puesta a disposición del público en la página web del banco, no habría garantía de que la misma lleguaría a las comunidades afectadas por las inversiones. Por ejemplo, el movimiento Ríos Vivos Antioquia que monitorea muy de cerca la represa de Hidroituango, nunca escuchó que la CII estaba considerando invertir. Los bancos de financiamiento de desarrollo consideran esta represa como un proyecto categoría A, el cual acarrea el mayor potencial de impactos sociales y ambientales negativos, como lo confirman las consecuencias actualmente padecidas por muchos.
“La mala práctica de acceso a la información del Grupo BID nos ha hecho difícil informar a las comunidades argentinas sobre los posibles impactos de los proyectos que vienen a su paso”, dice Gonzalo Rosa de la organización nacional de derechos humanos Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).
La política actual que guía el trabajo del banco es la culpable, en parte, de que la práctica de información de la CII no cumpla a cabalidad con los mejores estándares internacionales. Como demuestran las recomendaciones apoyadas por organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, la actual política de acceso a la información de la CII contiene provisiones problemáticas y brechas considerables. Estas incluyen la contradicción de principios bien establecidos de acceso a la información y la priorización de los intereses de los clientes sobre los del público, restringiendo el acceso a la información con criterios demasiado amplios y permitiendo que la información sea retenida cuando la reputación de los clientes y de los países miembros está en riesgo.
“Esto significa que la información sobre riesgos y violaciones de derechos humanos y ambientales podría ser mantenida en secreto por el banco, en contravención a la razón por la cual el derecho a la información debe ser cumplido”, enfatiza Gonzalo del FUNDEPS.
La política de la CII tampoco tiene en cuenta la mayoría de los principios de acceso a la información respaldados por expertos y organizaciones que prevén, entre otras cosas, un alcance limitado de excepciones al acceso a la información y la protección de los denunciantes.
Desafortunadamente, la CII no está sola en cultivar el acceso pobre a las prácticas de información. Otros financiadores del desarrollo, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Africano de Desarrollo (AFDB) y el banco nacional de desarrollo de los Países Bajos (FMO) siguen con políticas de acceso a la información que merecen análisis y críticas detalladas.
Muchos de estos bancos simplemente no revelan suficiente información a las comunidades cuyas vidas y medioambiente pueden verse afectados por sus proyectos, lo que impide su participación activa en el diseño o en la implementación de un proyecto. “El derecho a la información permanece siendo un objetivo elusivo en la Política de Acceso a la Información propuesta por el ADB si mantiene su lista exhaustiva de excepciones fuera del ojo público. Estas restricciones sobre información financiera e informes de auditoría interna son inaccesibles para el público y plantean interrogantes sobre la responsabilidad de el ADB,” según NGO Forum on ADB, una red asiática liderada por organizaciones de sociedad civil, quienes monitorean el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB).
Más adelante, en este mismo año, la CII comenzará su período de consulta para revisar su política de acceso a la información. Se rumora que este proceso solo durará 90 días, un período muy corto para la participación de todo el continente americano, el cual es afectado por las operaciones del banco.
Este proceso de consulta debería ser más largo para proporcionar a las partes interesadas el tiempo suficiente para participar adecuadamente en un debate tan importante y técnico. Se daría la bienvenida al establecimiento de un proceso de consulta formal, inclusivo, sólido y transparente, en toda la región, para aprovechar las experiencias y los conocimientos de los grupos y comunidades de la sociedad civil.
Invitamos a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil a unirse a nosotros en el proceso de consulta de la CII, contando sus historias y defendiendo las mejores políticas que guíen a la CII en su labor.
La adopción de normas y prácticas mejoradas sobre el acceso a la información en la CII sería motivo para celebrar este Día del Derecho a Saber.
Alexandre Andrade Sampaio es el Coordinador de Política y Programas para el International Accountability Project basado en Brasil.
Ishita Petkar es la Coordinadora de Participación Comunitaria y Políticas para el International Accountability Project basada en Washington, DC.
