Incluyan a las comunidades en las decisiones que les afectan!

Recientemente en una visita a los Estados Unidos, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha promovido su plan para la ciudad de Colón — la mayor zona de libre comercio de las Américas. Aparte de la inversión inicial de 1.2 billones de USD, el presidente Varela ha defendido la expansión de la zona franca, la cual a la larga se extenderá a toda la ciudad. No está claro qué intereses se satisfacen con estos proyectos, y si la gente de Colón ha tenido la oportunidad de decir algo sobre la creación de estos planes. Recientemente, un proyecto de investigación dirigido por la comunidad con la ayuda del International Accountability Project (IAP) y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) me hace creer que las prioridades y las opiniones de los habitantes de Colón no han sido considerados en el desarrollo de los planes del presidente Varela.

Tal y como escribí en mi post anterior, en Octubre de 2016, IAP y la ACD organizaron en Colón unas jornadas sobre el proyecto de gas natural licuado (GNL) de AES Panamá. El objetivo de estas jornadas era intercambiar información con las comunidades afectadas por el proyecto del AES Panamá. Este proyecto ha sido construido con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial. Los habitantes de Colón tienen muy poco conocimiento sobre el proyecto o su posible impacto. A pesar de que el proyecto se encuentre en su fase inicial, los habitante ya perciben sus efectos adversos. Con la finalidad de entender mejor las prioridades de los residentes, en 2016 se ha iniciado un proyecto de investigación, con el apoyo de la ACD y IAP. Este estudio incluye el conjunto de la comunidad utilizando una encuesta que involucra a 98 personas. Los resultados de la encuesta sugieren serias deficiencias en el proceso de consulta. Los hallazgos principales se han considerado en una infografía:

Más del 98% de los encuestados afirma no haber sido consultado sobre el proyecto. El 82% indica no haber tenido suficiente información para dar una opinión sobre el proyecto. Incluso en posesión de suficiente información, más del 72% afirma no sentirse seguro para expresar su opinión sobre los planes del proyecto. Ya que este es un proyecto financiado por la Corporación Financiera Internacional, aquellos negativamente afectados podrían presentar una queja al mecanismo de rendición de cuentas, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/ Ombudsman. Desafortunadamente, más del 93% de los encuestados no tiene conocimiento sobre el mecanismo, y el 76% nunca ha oído hablar sobre las políticas bancarias para considerar los riesgos sociales y medioambientales. Estos números indican que la participación comunitaria no tiene una prioridad alta en la agenda de ‘desarrollo’ del gobierno panameño. ¿Cómo puede un gobierno continuar con el diseño de un proyecto, con riesgos como desplazamientos, explosiones y degradación medioambiental, sin una participación plena de los afectados?

Ignorar las prioridades y el bienestar de las comunidades locales no es nuevo en Colón. Masivas cantidades de inversión se han destinado a la ciudad, y aún esto no se ha reflejado en beneficios para la población local. La mayoría de los habitantes viven en ambientes inseguros, ya que las infraestructuras se desmoronan tras décadas de desatención. Por supuesto, la excepción es la zona de libre comercio, la cual se encuentra en mucha mejor forma que el resto de la ciudad. En este contexto, el plan del presidente Varela de ampliar la zona del libre comercio podría parecer, en principio, una buena idea.

Aún así, no se debe olvidar que los habitantes de Colón son considerados personas ajenas a la zona de libre comercio. Necesitan permisos especiales para poder comprar allí. Los residentes son principalmente utilizados como mano de obra barata. Los bienes son producidos por los mercados de exportación y las ganancias benefician solo a los negocios e inversores, pero no a los residentes locales. Mientras Varela afirmaba que 1.2 billones de USD serían invertidos en Colón, solo el proyecto de GNL costará 1.1 billones de USD. La mayoría del dinero dirigido a Colón será utilizado en actividades que tienen como objetivo producir gas que será enviado directamente a Asia, poniendo en entredicho los beneficios, si hay alguno, para las personas que viven actualmente en Colón.

Uno se tiene que preguntar: ¿realmente, alguien ha preguntado a los habitantes cuales son sus prioridades de desarrollo, o qué planes tienen para sus familias y ciudad? ¿Hubieran priorizado una planta de GNL y un centro de exportación? Cuando miramos la opinión de unos pocos entrevistados en la encuesta, la respuesta parece ser mucho más complicada de lo que argumentada el gobierno: “¡No a la construcción de la planta de gas!”; “Cancelen el proyecto AES y reforesten la área afectada”; “Transmitir información a través de los medios de comunicación e incluir a las comunidades”; “Inviertan en energía eólica, la cual es más ecológica y no tiene efectos nocivos”.

Cualquier proyecto, para poder ser exitoso y merecer la utilización de la palabra desarrollo, tiene que priorizar la inclusión de las comunidades afectadas. Mientras que las prioridades locales y nacionales pueden variar, un diálogo de buena fe que incluya las comunidades afectadas posibilitaría un acercamiento entre las partes. Tal y como expresaba un residente, “para poder desarrollar el proyecto, la opinión de las comunidades debería ser escuchada (…)”. El gobierno y los inversores tendrían que preguntarse a sí mismos si los residentes de Colón realmente se beneficiarían de la expansión de la zona franca o de las inversiones en industrias extractivas.

Los hallazgos de la investigación en el conjunto de la comunidad serán presentados próximamente en un informe por IAP y la ACD. Esperamos que el informe se tenga en cuenta por aquellos que planean invertir en Colón, de manera que escuchen a las comunidades y prioricen el desarrollo real de la región.